Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informacion la Participacion Publica y el Acceso

El 4 de marzo de 2018, en Escazú (Costa Rica), países de América Latina y el Caribe, incluyendo México, adoptaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el “Acuerdo”), el cual fue originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. El Acuerdo fue aperturado a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre de 2018.

En palabras de Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”), el Acuerdo “es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos… cuyo objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.”

El Acuerdo entrará en vigor y será vinculante para las partes al nonagésimo día contado a partir de la fecha en que por lo menos 11 de los países firmantes ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran al Acuerdo.

Aspectos relevantes del Acuerdo:

Cada país firmante deberá garantizar lo siguiente:

• El acceso a la información ambiental.

El derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.

• La generación y divulgación de información ambiental.

Que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan información ambiental relevante para sus funciones.

• La participación pública.

El derecho de participación del público en los procesos de toma de decisiones sobre temas ambientales.

• El acceso a la justicia.

El derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso.

• La defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Garantizar un entorno seguro y propicio para todos aquellos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad.

• El fortalecimiento de capacidades e implementación.

Compromiso de crear y fortalecer sus capacidades nacionales, así como a facilitar medios de implementación de actividades para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo.

• El centro de intercambio de información.

Que se cuente con un centro de intercambio de información virtual sobre los derechos de acceso.

Aspectos generales:

• Fondo de contribuciones voluntarias.

Se crea el Fondo de contribuciones voluntarias con el objetivo de apoyar el financiamiento de la implementación del Acuerdo.

• Secretaría.

La CEPAL ejercerá las funciones de la Secretaría del Acuerdo teniendo entre sus funciones la de prestar asistencia a los países firmantes para el fortalecimiento de sus capacidades, así como para el intercambio de experiencias e información.

La Secretaría encargada deberá convocar la conferencia de las Partes con el objetivo de deliberar y aprobar reglas de procedimiento y disposiciones financieras necesarias para la implementación del Acuerdo.

• Conferencia.

La Secretaría encargada deberá convocar la conferencia de las Partes con el objetivo de deliberar y aprobar reglas de procedimiento y disposiciones financieras necesarias para la implementación del Acuerdo.

• Comité de Apoyo.

Se crea el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que promoverá la aplicación del Acuerdo y apoyará a los países firmantes en la implementación del mismo.

Países firmantes: